04/01/2020

Medidas dirigidas a familias y colectivos vulnerables:

arrendatarios de vivienda habitual como consecuencia de circunstancias sobrevenidas
debidas a la crisis sanitaria del COVID-19, especialmente aquéllos que ya hacían un
elevado esfuerzo para el pago de las rentas:

La suspensión de lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional y
la prorroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual.
Asimismo, se establecen medidas conducentes a procurar la moratoria de la deuda
arrendaticia para las personas arrendatarias de vivienda habitual en situación de
vulnerabilidad económica. En este sentido, también se incorpora un nuevo programa
de Ayudas al Alquiler al Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo: el “Programa de
ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los
alquileres de vivienda habitual”
– se amplía el plazo de suspensión a 3 meses y se realizan ajustes técnicos para facilitar
la aplicación de la moratoria de deuda hipotecaria para la adquisición de vivienda
habitual introducida por el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID19.
 Se clarifica que las cuotas suspendidas no se deben liquidar una vez finalizada
la suspensión, sino que todos los pagos futuros se deben posponer lo que haya
durado la suspensión
 Se clarifica el concepto de «gastos y suministros básicos» a efectos de la
definición del umbral de vulnerabilidad, incluyendo en este concepto los
gastos asociados a suministros de electricidad, gas, gasoil para calefacción,
agua corriente y de los servicios de telecomunicación fija y móvil
 amplía el alcance de la moratoria a los créditos y préstamos no hipotecarios
que mantengan las personas en situación de vulnerabilidad económica,
incluyendo los créditos al consumo.
 no se tenga en cuenta la aplicación de una posible moratoria hipotecaria o de
alquiler a efectos de calcular si se ha alcanzado o no el límite de la carga
hipotecaria o la renta arrendaticia del 35% de los ingresos. Con ello se
pretende garantizar el tratamiento equitativo de acreedores y arrendadores
– se podrá disponer del ahorro acumulado en planes de pensiones, la situaciones de
desempleo consecuencia de un expediente de regulación temporal de empleo y el
cese de actividad de trabajadores por cuenta propia o autónomos
– se amplía el colectivo de potenciales perceptores del bono social de electricidad, al
que podrán acogerse, de manera excepcional y temporal, las personas físicas, en su
vivienda habitual, con derecho a contratar el Precio Voluntario para el Pequeño
Consumidor, que tengan una renta igual o inferior a determinados umbrales
referenciados al IPREM, y que acrediten ante la comercializadora de referencia
encontrarse afectados por medidas de regulación de empleo adoptadas por sus
empresas, haber cesado en su actividad profesional como profesionales autónomos o
haber visto su facturación reducida en un 75 por ciento en promedio respecto al
semestre anterior.
– no podrá suspenderse el suministro a consumidores domésticos en su vivienda
habitual, por motivos distintos a la seguridad del suministro, de las personas y de las
instalaciones, aunque conste dicha posibilidad en los contratos de suministro o acceso
suscritos por los consumidores.
– crea un subsidio extraordinario temporal para las empleadas de hogar, del que se
podrán beneficiar ante la falta de actividad, la reducción de las horas trabajadas o la
extinción del contrato como consecuencia del COVID-19.
Medidas de apoyo al mantenimiento del empleo
– El subsidio por circunstancias excepcionales aplicable al colectivo de trabajadores
temporales cuyo contrato se extingue porque llega a su fin se configura sin requisito
de carencia precisamente para equiparar su situación en lo posible a la de las personas
que sí han sido incluidas en un expediente de regulación temporal de empleo y que
han podido acceder, aun sin cumplir la carencia establecida, a la correspondiente
prestación de desempleo. El único requisito que se exige es la duración mínima
establecida del contrato cuyo fin ha llegado, y que debe ser de al menos dos meses.
Esta duración del contrato temporal permite identificar la existencia de una
expectativa profesional y excluye por tanto las relaciones contractuales esporádicas
– Aclara el contenido de la Disposición Adicional sexta del Real Decreto-ley 8/2020, de
17 de marzo, debiendo entenderse como la voluntad de la empresa de mantener el
empleo durante el plazo de 6 meses desde la finalización de las medidas de reducción
de jornada o suspensión de contratos basadas en el Covid-19: el compromiso no se
entenderá incumplido cuando el contrato de trabajo se extinga por despido
disciplinario declarado como procedente, dimisión, jubilación o incapacidad
permanente total, absoluta o gran invalidez de la persona trabajadora. En el caso de
contratos temporales, el compromiso tampoco se entenderá incumplido cuando el
contrato se extinga por expiración del tiempo convenido o la realización de la obra o
servicio que constituye su objeto o cuando no pueda realizarse de forma inmediata la
actividad objeto de contratación
Medidas de apoyo a los autónomos
Se habilita a la Tesorería General de la Seguridad Social a la concesión de forma excepcional de
moratorias en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social atendiendo a excepcionales
circunstancias, en los casos y condiciones que se determinen mediante Orden Ministerial. El
periodo de devengo en el caso de empresas sería el comprendido entre abril y junio de 2020,
mientras que en el caso de los autónomos sería el comprendido entre mayo y julio de 2020. Y,
en este ámbito, se permite que las empresas y autónomos que no tengan en vigor
aplazamientos de pago de deudas con la Seguridad Social puedan solicitar hasta el 30 de junio
de 2020 el aplazamiento del pago de sus deudas con la Seguridad Social, que deban ingresar
entre los meses de abril y junio de 2020, siendo de aplicación un 0,5% de intereses.
– aquellos autónomos que hayan suspendido su actividad y pasen a percibir la
prestación por cese de actividad regulada en el Real Decreto-ley 8/2020 y que no
hayan ingresado en plazo las cotizaciones sociales correspondientes a los días
efectivamente trabajados del mes de marzo, podrán abonarlas fuera de plazo sin
recargo

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20200331.aspx#Crisis

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf

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